El pasado viernes 13 de diciembre, un grupo de madres, padres y abuelos se plantaron en el pleno de la Diputación de Málaga con la misma esperanza con la que llevan años luchando: que se escuchen sus voces y se garantice una educación inclusiva, equitativa y en igualdad de oportunidades para sus hijos e hijas con necesidades educativas especiales. Junto a ellos, más de 25 AMPAS de Málaga unidas en una misma reivindicación.

Como PTIS (Personal Técnico de Integración Social), no puedo evitar sentir rabia e impotencia al leer testimonios como el de Sandra Bautista. Sandra es madre de una niña de nueve años con autismo y epilepsia, además de socia fundadora de la Asociación Plataforma Neurodiverso. Ha participado en innumerables plenos, ha entregado reclamaciones y ha luchado por cada derecho de su hija, solo para encontrarse con silencio, respuestas vacías y una falta total de empatía por parte de las administraciones.

En sus palabras, tan sinceras como desgarradoras, lo expresa claro:
«Nos piden respeto mientras pisotean los derechos de mi hija y de tantos otros niños y niñas. No somos un grupo de madres histéricas y locas, somos familias desesperadas buscando justicia».

Y es que la realidad que estamos viviendo en Andalucía no es un caso excepcional ni aislado. Es un problema estructural que afecta a cada vez más familias. Los recursos son insuficientes: PTIS, PT (Pedagogía Terapéutica) y AL (Audición y Lenguaje), profesionales imprescindibles para la atención a la diversidad, no llegan a cubrir la demanda actual. Y sin estos recursos, hablar de educación inclusiva es solo un eslogan vacío.

Mientras tanto, los responsables políticos siguen tirándose la pelota unos a otros. Sandra lo dijo alto y claro: “El problema existe hoy, ahora. No somos políticos, somos madres y padres que vemos a nuestros hijos sufrir cada día”.

Como profesional y defensora de los derechos de los niños, no puedo callar. Lo que está ocurriendo en nuestra comunidad es una vulneración de derechos. Los derechos de la infancia no son negociables y no pueden depender de presupuestos insuficientes o de debates que miran más al pasado que al presente.

¿De qué sirve hablar de inclusión si no hay profesionales que la garanticen? ¿Cómo se sienten esos niños cuando no pueden acceder a los apoyos que necesitan en el aula? ¿Qué futuro les estamos dejando?

Desde este espacio, quiero unirme a la voz de todas esas familias y asociaciones que luchan incansablemente. Porque la educación inclusiva no es un favor, es un derecho reconocido por ley y debe cumplirse. Es urgente que las administraciones actúen con responsabilidad, que dejen de ignorar las lágrimas y la desesperación de estas familias y que trabajen para que ningún niño o niña se quede atrás.

A Sandra, a todas las madres, padres y profesionales que luchan: no estáis solos. Desde este rincón seguiré defendiendo vuestros derechos y los de vuestros hijos, porque su futuro no puede esperar más.

La educación inclusiva no es un ideal, es una necesidad real. ¡Y es hora de que se garantice para todos!